ACUERDOS

El Plan País tiene como objetivo principal la estabilización de la economía, la eliminación de los controles que subyugan a los venezolanos y asfixian el aparato productivo, para desarrollar un modelo que promueva el emprendimiento como fuerza social, estimule la producción, proteja la propiedad privada y los derechos de los trabajadores, y aplique programas sociales que apoyen directamente a las familias que más lo necesiten sin  tener que pasar por un filtro político y ser víctimas de la corrupción

Acuerdo político para rescatar a venezuela de la crisis social y del colapso económico

ENGLISH VERSION

Acuerdo político para rescatar a venezuela de la crisis social y del colapso económico

VERSION FRANCAISE

Acuerdo político para rescatar a venezuela de la crisis social y del colapso económico

ACUERDO POLÍTICO PARA RESCATAR A VENEZUELA DE LA CRISIS SOCIAL Y DEL COLAPSO ECONÓMICO

PREÁMBULO


i. Venezuela experimenta la mayor crisis económica y social de su historia, provocada por un modelo económico y político de dominación y control social que ha destruido y criminalizado el emprendimiento productivo, empobrecido al pueblo y ocasionado el colapso de la capacidad del Estado para cumplir con sus cometidos.
ii. Los salarios de la inmensa mayoría de los venezolanos no alcanzan para comprar las calorías, proteínas y medicinas que las familias necesitan para subsistir. Los niños exhiben retrasos importantes en su crecimiento y los adultos han venido perdiendo peso a ritmos alarmantes. La tasa de morbilidad ha aumentado y los servicios de salud han sido devastados por el régimen. La inflación es la más alta que se haya registrado en la historia del continente americano. Los servicios de abastecimiento de alimentos, educación, salud, electricidad, agua y transporte público, igualmente, colapsaron.
iii. La imposición de un modelo político totalitario y un sistema económico fracasado han destruido la capacidad de los ciudadanos de valerse por sí mismos y apoyarse solidariamente. Las políticas del régimen, lejos de atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables, profundizaron los mecanismos de dependencia y control social mediante instrumentos de persecución política que han agravado la sistemática violación de los derechos humanos.
iv. El aparato productivo nacional ha sido diezmado tras dos décadas de nacionalizaciones, expropiaciones arbitrarias y
regulaciones orientadas a coartar la libertad de acción para el buen funcionamiento de la actividad económica y confiscar su flujo de caja. La industria petrolera ha sido destruida como resultado de las políticas socialistas. El gasto excesivo, unido al sobreendeudamiento, no pudo ser cubierto con los ingresos ordinarios debido al desplome de la producción petrolera, todo lo cual impulsó el financiamiento monetario en ausencia de otras fuentes para enjugar el déficit público, generando hiperinflación y agravando el desastre económico y la emergencia humanitaria compleja. v. Se ha desarrollado, con complicidad de funcionarios e instituciones públicas, una minería ilegal dirigida al saqueo de los recursos naturales. Esta situación representa el mayor desastre ambiental en la historia de Venezuela, ha traído importantes perjuicios en materia sanitaria en todo el territorio nacional, y representa un obstáculo para la recuperación económica y social del país. vi. El centralismo ha sido llevado a su máxima expresión y se ha intentado acabar con las fuerzas estadales, municipales, parroquiales y comunitarias. Los postulados constitucionales que asumen la descentralización como política de Estado han sido burlados por la política centralista de quienes usurpan el poder, para concentrarlo en sus manos en detrimento de la ciudadanía. vii. En este contexto, millones de venezolanos han abandonado el país huyendo de la muerte, la enfermedad, el hambre generalizada y la desnutrición, en una emergencia humanitaria compleja que ha producido u n a crisis de refugiados en toda la región. viii. Este desastre, solo comparable con el de países en guerra o de Estados fallidos, permite comprender el importante grado de deterioro en la capacidad del Estado venezolano para asegurar la correcta prestación de los servicios públicos, salud, alimentación, seguridad ciudadana y demás necesidades de la población. ix. El rescate económico y social de Venezuela pasa por un cambio profundo del modelo económico y político, transformando una economía socialista y estatista hacia otra de mercado con Estado social de derecho. Es necesario empoderar a los ciudadanos para que cada venezolano, trabajando, pueda progresar y satisfacer sus necesidades y las de su familia. Para lograrlo, es preciso diseñar e implementar programas orientados a construir la capacidad del Estado para poder atender sus cometidos esenciales, en el marco del restablecimiento del orden constitucional y democrático. x. El respeto a la ley y la reinstitucionalización del país serán elementos primordiales para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Referentes fundamentales para llevar a cabo estas políticas son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el enfoque de equidad de género y la agenda Hábitat III de las Naciones Unidas. xi. Las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la Asamblea Nacional y los
portavoces de organizaciones gremiales, sindicales, académicas y ciudadanas que suscriben este documento están conscientes de la magnitud de la grave crisis, y reconocen que su solución exige un esfuerzo común construido sobre la base del más auténtico patriotismo, que ponga el rescate del bienestar de los venezolanos por encima de los intereses y las diferencias partidistas, en el marco del proceso de transición democrática en Venezuela.




I. ACUERDOS EN MATERIA DE POLÍTICAS ECONÓMICAS


1. Las acciones en materia de políticas económicas dirigidas a elevar la calidad de vida de los venezolanos se enmarcarán en tres fases:
a. La atención de la emergencia humanitaria compleja.
b. La estabilización de la economía.
c. Las reformas estructurales.
2. Para promover una rápida recuperación, el país contará con una estrategia que incluye asistencia financiera internacional extraordinaria de organismos multilaterales, préstamos bilaterales, donaciones internacionales, condiciones para incentivar la inversión privada, reestructuración de los compromisos de deuda externa y un aumento significativo de la producción petrolera.
3. Se implementará una significativa expansión fiscal financiada con recursos externos, lo que permitirá eliminar el financiamiento monetario del déficit para enfrentar la emergencia humanitaria compleja y el colapso de los servicios públicos.
4. La ejecución de la inversión social se realizará de manera compatible con la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, eliminando las políticas clientelares y de control social.
5. Se restablecerá la unidad del Tesoro, simplificando el mecanismo de recaudación de tributos y eliminando las contribuciones parafiscales confiscatorias.
6. Las empresas del Estado serán reestructuradas, explorándose mecanismos de transferencia de activos al sector privado, así como instrumentos de participación de los trabajadores, cuando ello permita aumentar su eficiencia y la calidad de su gestión.
7. Se promoverá un cronograma de ajustes graduales de los precios de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos, en el marco de los programas sociales de subsidios directos.
8. Se restablecerá la autonomía, independencia y capacidades del Banco Central de Venezuela para el ejercicio de sus competencias en materia de política monetaria. Se restaurarán las competencias constitucionales de control de la Asamblea Nacional.
9. Se eliminará el control de cambio y se establecerá la libertad para transar moneda extranjera, con la debida regulación y la aplicación de normas prudenciales por parte del Banco Central, del Ejecutivo Nacional y de la Asamblea Nacional.
10. Con el propósito de abatir la hiperinflación, se adoptará un sistema de anclaje cambiario que estará respaldado con los recursos obtenidos en la estrategia de financiamiento internacional y del programa fiscal, monetario y de reformas que se llevará a cabo.




II. ACUERDOS EN MATERIA DE POLÍTICAS PARA EMPODERAR A LOS CIUDADANOS


11. Se sustituirá el modelo de controles de la economía por uno de libertad y de mercado, basado en el derecho de cada venezolano a trabajar bajo las garantías de los derechos de propiedad y libertad de empresa.
12. El Estado ejecutará políticas de estímulo a la producción mediante el diálogo constructivo entre la sociedad civil y el sector privado organizado, impulsando el emprendimiento como fuerza social dinamizadora de la economía.
13. Se desmontarán legislativamente los controles centralizados que destruyeron el emprendimiento de los venezolanos, dando prioridad a la reactivación y promoviendo la sana competencia como mecanismo de autorregulación del mercado, entendiendo la importancia medular de los sectores de la cadena productiva agroalimentaria, farmacéutica e industrial en general, dentro del marco de los demás sectores de la economía. En especial, se eliminarán los controles derivados de la Ley Orgánica de Precios Justos, la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional y el Código Orgánico Tributario.
14. Se diseñará un marco jurídico que genere confianza y estimule la producción, a la par que proteja efectivamente los derechos de los trabajadores, su capacitación y la libertad sindical, productividad y competitividad. Será una política central del gobierno promover el trabajo y el salario digno.
15. Se restituirá la garantía de la propiedad privada para que cada venezolano sea propietario de los medios que requiere para asegurar su bienestar y el bienestar de la sociedad. De igual manera, se restablecerán los derechos de todos los propietarios afectados por expropiaciones arbitrarias y demás medidas similares, incluyendo las justas compensaciones a que haya lugar. Se derogarán las leyes que regulan procedimientos expropiatorios inconstitucionales.
16. Las políticas públicas en el sector industrial agregarán valor nacional para crear una adecuada plataforma de exportaciones que fortalezca la balanza comercial, poniendo énfasis en el desarrollo del talento humano en la manufactura de productos con empresas enfocadas en la productividad y la competitividad.
17. El restablecimiento de los mecanismos de mercado para favorecer el crecimiento productivo se apoyará en el fortalecimiento de la intermediación financiera por el sector bancario, para lo cual se exige una regulación que favorezca su solvencia, liquidez y eficiencia con criterios de inclusión, eliminando controles asfixiantes que afecten su rol e incrementen indebidamente sus costos. Se restablecerán los acuerdos de corresponsalías con la banca global para apalancar el comercio internacional y favorecer mecanismos de garantía y estímulo al comercio.
18. Se reconstruirá la gobernanza de la Administración Pública para transformarla en una institución al servicio del desarrollo productivo de los venezolanos, en el marco de los principios de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, de participación ciudadana y de transparencia.




III. ACUERDOS EN MATERIA DE POLÍTICA DE HIDROCARBUROS


19. La política petrolera estará dirigida a construir una nueva relación entre el ciudadano, el Estado y el petróleo para poder superar la dinámica del Petro-Estado, a través de mecanismos que permitan empoderar al venezolano en su relación con el petróleo.
20. Se preservará la propiedad de la Nación sobre los yacimientos de hidrocarburos.
21. Se maximizará la producción de petróleo y gas, garantizando el mayor beneficio para la Nación. El aumento de la producción petrolera estará acompañado de planes de racionalización del mercado interno de los hidrocarburos, incrementando la utilización del gas natural y otras fuentes alternativas y renovables competitivas en usos donde sean viables y sustituyan hidrocarburos líquidos exportables, especialmente en los sectores eléctrico, industrial, transporte, servicios y residenciales.
22. Dado el nivel de destrucción de PDVSA, se reestructurará y redimensionará para su consolidación como empresa pública y competitiva enfocada en el sector de hidrocarburos. Se atraerá de manera significativa la inversión privada nacional e internacional en el
sector de los hidrocarburos, en especial, para permitir que las actividades de exploración y explotación sean directamente realizadas por empresas internacionales y de capital privado.
23. Se creará la Agencia Venezolana de Hidrocarburos para la administración eficiente, autónoma y técnica de los yacimientos, así como para regular y supervisar el sector.
24. Se aprobará una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, al mismo tiempo que se trabajará sobre un nuevo texto legal que sea producto del mayor consenso posible, que permita junto con los demás cambios legislativos llevar a cabo la expansión de la producción de crudos y derivados.




IV. ACUERDOS EN MATERIA DE POLÍTICAS SOCIALES


25. La sociedad venezolana reclama la restitución de sus derechos sociales, recuperando la capacidad de vivir digna, productiva y sanamente, con libertad y autonomía. Para ello, el Estado priorizará sus esfuerzos en ayudar a los venezolanos a superar la emergencia humanitaria compleja, promoviendo sus capacidades creativas y sentando las bases de una nueva política social que permita devolverle a los venezolanos los derechos que les fueron confiscados por el régimen autoritario. Los venezolanos se convertirán en protagonistas del proceso de crecimiento económico sostenido e inclusivo.
26. En el marco de esta nueva política social, se sustituirán los esquemas de subsidios indirectos, ineficientes y regresivos, por subsidios directos, eficientes y progresivos. Esta política se implementará con apoyo de mecanismos tecnológicos y de información que permitan identificar adecuadamente a los sectores de la población que se verán beneficiados por estos subsidios. 27. La política social en su fase de emergencia humanitaria compleja se enfocará en cuatro áreas: a. Programas de abastecimiento y acceso a alimentos básicos.
b. Atención a programas de salud.
c. Programas de atención especializada para los sectores más vulnerables de la población.
d. Programas de promoción de empleos de calidad y protección del ingreso familiar. 28. Los programas de abastecimiento y acceso a alimentos básicos cumplirán dos objetivos: a. Promover el abastecimiento de los productos de primera necesidad, con apoyo de los mecanismos de distribución desarrollados por la iniciativa privada y las organizaciones que se encuentran atendiendo la emergencia humanitaria compleja.
b. Facilitar a los hogares vulnerables el acceso a un sistema de subsidios directos para compensar la caída del consumo familiar. 29. Los programas de salud se fijarán estos objetivos: a. Promover el abastecimiento prioritario de medicinas, materiales, equipos médicos y todo lo necesario para asegurar diagnósticos y tratamientos adecuados, con apoyo de los mecanismos de distribución desarrollados por la iniciativa privada y las organizaciones que se encuentran atendiendo la emergencia humanitaria compleja.
b. Habilitar un sistema que permita a pacientes acceder a medicamentos asociados a enfermedades crónicas de alto impacto, así como de distribución de medicinas de alto costo.
c. Promover la atención hospitalaria de emergencia en áreas médicas, quirúrgicas y paraclínicas.
d. Promover programas de vacunación y prevención de enfermedades trasmisibles. 30. Los programas de atención a los sectores más vulnerables de la población tendrán los siguientes objetivos: a. Desarrollar un programa de atención nutricional para menores de 5 años y mujeres embarazadas.
b. Universalizar el programa de alimentación escolar para las escuelas públicas y privadas subvencionadas.
c. Desarrollar programas de becas para estudiantes de educación media a los fines de promover la retención escolar. 31. Las políticas sociales en el área de promoción de empleos de calidad y protección del ingreso familiar procurarán los siguientes objetivos: a. Promover el empleo local a través de programas de emprendimiento comunitario que contribuyan a atender la emergencia humanitaria compleja, y coadyuven a subsanar el deterioro de los bienes y espacios públicos.
b. Implementar mecanismos transparentes y consensuados de determinación y actualización del salario mínimo, jubilaciones y pensiones, según lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para promover la dignificación del salario en el marco de la preservación y creación de empleos de calidad.
c. Adoptar mecanismos de asistencia suplementaria para adultos mayores en condición de pobreza.




V. ACUERDOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE LA SALUD PÚBLICA


32. Se implementará un programa de apoyo a la salud materna, sexual y reproductiva para reducir la mortalidad materna y neonatal mediante la provisión de equipos con material obstétrico, incluyendo soporte nutricional durante el embarazo y de asistencia al parto.
33. Se aplicará un plan para erradicar la desnutrición en el país, mediante el suministro de suplementos nutricionales a grupos en situación de desnutrición severa para compensar la
deficiencia de micro y macro nutrientes en la dieta tradicional. 34. Será una política del Estado la dotación y el apresto hospitalario y de la red ambulatoria, que comprende intervenciones para recuperar la operatividad básica de los establecimientos públicos de salud. Se incluirán mejoras de infraestructura y equipamiento básico y, a mediano plazo, un programa de mantenimiento preventivo y permanente de los servicios que componen el sistema de salud. 35. Se creará un sistema nacional de tratamiento y prevención de las enfermedades crónicas con mayor incidencia en el país, facilitando el acceso a los tratamientos. Igualmente, se aplicará un programa de vacunas y control de epidemias para proteger y mitigar enfermedades prevenibles entre los niños y grupos más vulnerables de la sociedad venezolana. Especial atención concentrarán los esfuerzos para la erradicación de la malaria. 36. Se establecerá una sala situacional para notificación y control de epidemias, la cual se enfocará en la contención y prevención con dos componentes: vigilancia epidemiológica y control de la epidemia.




VI. ACUERDOS EN MATERIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS


37. El sistema educativo público proveerá a los niños y jóvenes venezolanos en edad escolar el derecho humano a una educación de calidad garantizada por el Estado, para hacer posible la materialización de sus talentos e intereses sin importar su lugar de origen, su contexto socioeconómico, su identidad étnica o afiliación política. 38. El plan de emergencia educativa comprenderá: a. Programa Alimentario Escolar (PAE), con el objeto de garantizar a la matrícula estimada de las escuelas públicas y privadas subvencionadas, una comida diaria con contenido calórico adecuado. b. Programa de Infraestructura, Transporte Escolar y Materiales Educativos (PITEP), para abordar la recuperación de la infraestructura escolar en sus servicios básicos y dotación de elementos indispensables para la asistencia y atención pedagógica de los docentes y estudiantes. c. Programa de Hogares de Cuidado Diario, que se iniciará con un plan para atender a niños a partir de dos años con la finalidad de asegurar el bienestar y la atención temprana a los infantes. d. Programa de Retención Escolar, que ofrecerá becas de retención y promoción así como apoyo socio-pedagógico para incrementar la asistencia y la permanencia escolar en los adolescentes. e. Plan de Lecciones para mejorar la lectoescritura, matemáticas, ciencias, valores democráticos y convivencia, reforzado con guías basadas en estándares internacionales y materiales educativos para docentes y alumnos. f. Programa de Atención Integral al Docente, que contempla la atención directa del Estado a los integrantes del magisterio considerando fundamental alcanzar su estabilidad socioeconómica, nutricional y de salud, así como su desarrollo profesional. 39. El gobierno democrático reconocerá al docente como protagonista de la transformación hacia una sociedad libre y próspera, razón por la cual se comprometerá a garantizarle un ingreso acorde con su responsabilidad. Se reafirmará el rol de los directores como líderes de las comunidades escolares con incentivos y una evaluación que impulse la óptima gerencia y los resultados académicos de las escuelas. 40. Se desarrollará un plan de inversión y expansión del acceso a programas de educación temprana (0 a 6 años) de calidad, a fin de recuperar los años perdidos en la educación y lograr que todos los niños y niñas venezolanos ingresen al primer grado listos para aprender. 41. Se establecerá como objetivo primordial la creación de un sistema de enseñanza en el que los venezolanos aprendan y desarrollen habilidades para generar riqueza a través del trabajo productivo y del emprendimiento. Se llevarán a cabo reformas curriculares en conjunto con la creación de programas académicos que impliquen una diversidad de certificaciones profesionales, con una articulación eficaz de la escuela con el trabajo y el mundo productivo. 42. El plan de emergencia educativa se ejecutará en coordinación con el sector educativo privado del país, entendido como un aliado fundamental que complementa y apoya la labor de promoción del Estado. También estarán incorporados en el plano financiero, institucionaly de recurso humano las ONG, las iglesias, universidades y organismos multilaterales.




VII. ACUERDOS EN MATERIA DE POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS


43. Las principales líneas de acción del Plan Agroalimentario serán las siguientes:
a. Abastecimiento de emergencia mediante la adquisición de alimentos y materias primas, con el objeto de garantizar a la población una dieta mínima de calorías y nutrientes.
b. Reactivación de la producción agropecuaria e industrial garantizando el acceso a insumos, semillas, fertilizantes, maquinarias y otros equipos.
c. Recuperación de los canales de distribución privados por medio de acuerdos entre los sectores público y privado, así como la rehabilitación de los centros de distribución de mayoristas.
d. Rediseño de la institucionalidad y la normativa que inciden sobre el campo para restituir los derechos de propiedad, derogar las leyes que impiden el aumento de la producción y dar prioridad al aprovechamiento de los recursos de la cooperación financiera y técnica con entes multilaterales y países amigos.
44. Se formulará un Plan de Desarrollo Agropecuario para promover la producción nacional, garantizar a los venezolanos el abastecimiento de alimentos estratégicos e impulsar la agenda exportable.
45. Se aplicará una nueva política agroalimentaria que tenga como objetivo aumentar la producción de alimentos y materias primas. Esa política se enfocará en incrementar las capacidades del sector privado mediante una nueva alianza con el Estado en su rol de promotor y regulador del desarrollo agroalimentario.
46. Se fomentarán las asociaciones de productores privados, los cuales han establecido programas integrales de producción, y modelos de organización de la producción primaria y de integración vertical aguas arriba y abajo del proceso productivo.
47. Las políticas agroalimentarias estimularán la producción nacional y estarán concebidas con la menor intervención posible del Estado. El desarrollo rural integral y la inclusión del pequeño productor son prioridades en el nuevo sistema agroalimentario.
48. El centro de la asistencia del Estado será el consumidor de bajos ingresos y hacia él se dirigirán los subsidios o transferencias sociales.




VIII. ACUERDOS EN MATERIA DE MINAS


49. Se elaborará un Plan de Ordenamiento y Desarrollo Minero que incluirá una reforma del marco regulatorio del sector minero para ubicar a Venezuela en la vanguardia de prácticas internacionales en torno a la minería responsable, que integre el concepto de sostenibilidad humana, social, económica y ambiental, y que a su vez permita el desarrollo máximo de su potencial. 50. Se aplicarán normas y estándares de obligatorio cumplimiento para desarrollar la actividad minera asegurando el uso de prácticas responsables de abastecimiento, y el despliegue e implementación de esquemas integrales de certificación de minerales.




IX. ACUERDOS EN MATERIA DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA


51. El principio rector de la política de infraestructura se basará en el derecho de los venezolanos a tener acceso a la vivienda, los servicios de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones, los espacios públicos y la libertad de movilidad por los distintos medios de transporte. 52. Se recuperará y aprovechará la infraestructura existente y los proyectos clave que permitan atender y aliviar la situación de precariedad de la población más afectada, e impulsar la reactivación y consolidación de los sectores productivos. 53. La presencia de un alto porcentaje de la población en zonas urbanas será aprovechada al máximo a través de la articulación del sistema de ciudades y sus habitantes, así como su conexión con el resto de los países de la región y el mundo. Igualmente, se desarrollarán mecanismos de compensación interterritorial.
54. El plan de vivienda promoverá la recuperación y creación de un mercado de valores hipotecarios sano y vigoroso. Esto se logrará mediante el diseño y establecimiento de un marco regulatorio pertinente, con eficacia en la seguridad jurídica, los incentivos y la estrategia económica adecuada para obtener nuevos y mayores recursos del sector privado en el otorgamiento de créditos hipotecarios que garanticen la recuperación, estabilidad y sostenibilidad de un plan de desarrollo urbano y vivienda de largo plazo.
55. Se ejecutará un plan a escala para entregar títulos de propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda Venezuela y de todos los programas sociales de vivienda.
56. Se rehabilitarán y recuperarán la infraestructura, los servicios y los procesos de eficiencia de transporte masivo existentes sobre la base de su sostenibilidad técnica y financiera, de la mano con el sector privado. Se resguardarán los activos de los sistemas de transporte, reforzando la seguridad física de instalaciones y equipos. Se implementará un plan de recuperación inmediata de la movilidad que incluya, entre otros, la restitución de la flota, la organización y apoyo a los transportistas, la asistencia financiera del Estado, la creación de la infraestructura de apoyo al transporte público, la modernización organizacional del transporte urbano y la integración de un sistema multimodal en el que se incorporen nuevos sistemas y tecnologías.
57. Se garantizará el control de la administración de las instalaciones aéreas y su seguridad con un plan que se focalizará en los aeropuertos estratégicos. Se racionalizará la regulación de este sector, el cual estará abierto a la competencia nacional e internacional.




X. ACUERDOS EN MATERIA DE POLÍTICAS DE ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y TELECOMUNICACIONES


58. La reconstrucción del sistema de servicios públicos por redes atenderá la electricidad, agua y saneamiento, y telecomunicaciones, constituyéndose en una estrategia fundamental para el combate de la pobreza y la reactivación de la economía. Los objetivos de cobertura, continuidad, confiabilidad y calidad del servicio deberán lograrse en el menor tiempo posible.
59. Se ordenará la reconstrucción institucional del sistema de empresas de servicio público para garantizar una gestión profesional y de calidad. Los órganos de regulación de cada servicio gozarán de autonomía funcional y administrativa para el cumplimiento de sus responsabilidades.
60. Los servicios públicos requieren cuantiosas inversiones, por tanto, el financiamiento internacional y la cooperación técnica serán vitales para recuperar el sistema. Adicionalmente, se generarán las condiciones propicias para atraer la inversión privada nacional y extranjera, mientras avanza una transición tarifaria que permita alcanzar la sostenibilidad financiera de las empresas, garantizando siempre el acceso a los sectores más desfavorecidos.
61. Las acciones urgentes en el sistema eléctrico procurarán la recuperación de la capacidad de generación térmica, asegurando el mantenimiento de la capacidad de generación hidroeléctrica del país.
62. Una acción inmediata y urgente será la reconstrucción del sistema interconectado nacional con sus líneas de transmisión y subestaciones para así aumentar la capacidad de transporte de energía y potencia, y alcanzar la estabilidad y confiabilidad del sistema.
63. Se recuperará y modernizará el centro nacional de despacho de carga y los centros regionales de despacho. Igualmente, se proveerá información en tiempo real vía internet a toda la población sobre el desempeño del sistema, sus indicadores de gestión y el avance del plan de recuperación, contrataciones y modernización del sistema eléctrico nacional.
64. El sector eléctrico será objeto de un proceso de reorganización que permita tener un modelo de gestión desconcentrado, tanto en las áreas de generación como en comercialización.
65. El sector hídrico será reorganizado para descentralizar y regionalizar el sistema, darle prioridad a la capacitación de los trabajadores y propiciar una campaña informativa sobre la importancia de la conservación del agua.
66. Las medidas para aumentar el suministro de agua a los venezolanos por parte de las empresas hidrológicas estarán relacionadas con la incorporación de asistencia técnica internacional, la inversión en equipamiento básico, la adquisición de sustancias químicas para optimizar la calidad del servicio y la automatización de los sistemas de distribución para mejorar la supervisión y control, y reducir los costos de la distribución en beneficio de la población atendida. 67. Con el fin de promover las inversiones y mejorar el servicio de las telecomunicaciones para todos, se liberalizará el sector permitiendo la entrada de nuevos operadores, con reglas claras y un marco regulatorio moderno que estimule la competencia. 68. Se promoverán inversiones para la actualización técnica y mejora de la cobertura, transmisión de datos y servicios de internet, con la participación del sector privado nacional y extranjero, así como los aportes provenientes de entes de financiamiento multilateral. 69. Se garantizará con el concurso del sector privado la importación y distribución de bombonas de gas para atender las necesidades de la familia venezolana en el corto y mediano plazo. Al mismo tiempo, se crearán las condiciones para ejecutar las inversiones necesarias con el fin de expandir la red de gasoductos y masificar el suministro de gas doméstico por tubería en todo el país.




XI. ACUERDOS EN MATERIA DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD


70. El plan de seguridad ciudadana tendrá dos ejes fundamentales: políticas preventivas y políticas de control del territorio. Para ello se modernizará y actualizará la estructura y el funcionamiento de los cuerpos de seguridad, garantizando el respeto de los derechos humanos, un sistema judicial moderno y eficiente, y un modelo de seguridad social que proteja a los funcionarios.
71. Atendiendo las recomendaciones de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, serán eliminadas las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por estar involucradas en ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los DDHH. Las instituciones policiales se distinguirán por su carácter profesional y estarán integradas por funcionarios honestos que actúen bajo los parámetros de la ley y tengan una cultura de transparencia. Esos agentes serán protegidos por el Estado, que indemnizará a los funcionarios y funcionarias y a sus familias en los casos de muerte o invalidez durante el ejercicio de sus labores.
72. Se creará una nueva Policía Antinarcóticos fundamentada en convenios de cooperación internacional. Por otra parte, se consolidarán alianzas entre el gobierno, sector privado, sociedad civil, ONG y comunidades para combatir el crimen organizado.
73. Se aplicará una política efectiva de control de armas y municiones, y se promoverá el desarme de la población. Se desarrollará una política integral de prevención de las diferentes formas de expresión de la violencia, con énfasis en la integración física y social de la ciudad, así como la promoción de una cultura de paz y convivencia.
74. Se mejorará el alumbrado público en calles, avenidas, autopistas y lugares públicos, a fin de contribuir con la seguridad personal, ganar espacios públicos y potenciar la recreación y el esparcimiento de los venezolanos. 75. Se diseñará un nuevo sistema de cedulación ajustado a los protocolos internacionales, con la finalidad de optimizar y mejorar los procesos de identificación de la ciudadanía. 76. Se impulsará un plan de construcción, mejoramiento y ampliación de la infraestructura de los penales del país, que serán gestionados por profesionales con credenciales técnicas y académicas universitarias, tal como lo establece la Constitución y los estándares internacionales. 77. Se crearán recintos de máxima seguridad con el objetivo de aislar de forma efectiva a los reclusos que pertenezcan a bandas organizadas, haciendo cumplir la normativa de limitación de la telefonía celular e internet en los establecimientos penitenciarios, garantizando que los privados de libertad conserven su derecho de tener contacto con sus familiares, allegados e información. 78. Se destinarán recursos económicos para el equipamiento e innovación tecnológica en la gestión de riesgo y mitigación de desastres.




XII. ACUERDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL


79. La Fuerza Armada desempeñará un papel de primer orden en la construcción de una democracia próspera, justa y plural, tal como lo establece la Constitución. Ajustada a los principios de la Carta Magna, la institución militar garantizará la independencia, soberanía y seguridad de la Nación, recuperando el monopolio de las armas de la República y no tolerará la presencia y actuación de grupos parapoliciales y paramilitares en territorio nacional.
80. Se asumirá como un objetivo indispensable llevar al más alto grado la profesionalización de la institución militar, garantizando el mayor respeto de los criterios de mérito, escalafón y capacidad en ascensos, promociones y asignaciones de mando.
81. La educación militar contará con todo el respaldo necesario del Estado venezolano, atendiendo cuidadosamente la especificidad de los diferentes componentes de la institución militar y las exigencias que derivan de tal especificidad para sus respectivas guías de planeamiento.
82. Se brindará la mayor atención al apresto operacional de la institución militar, respondiendo al objetivo estratégico de garantizar la inversión necesaria para que la Fuerza Armada cuente con capacidades de primera línea, sin compromisos exclusivos con ninguna empresa o país proveedor.

83. Se prestará especial atención a la familia militar, asumiendo como prioridad la mejora de los aspectos socioeconómicos de la oficialidad, tropa y sus familias, así como el acceso a educación, atención médica, seguridad social, jubilación digna y un nivel de vida acorde con el prestigio y la importancia de la labor que desempeñan. 84. Se llevará a cabo una reforma de la justicia militar como un elemento primordial para garantizar el respeto a la Fuerza Armada Nacional, acabando de esta manera con las injusticias y retaliaciones políticas que afectan a oficiales y tropa.
85. Se adoptarán todas las medidas necesarias para ratificar y defender el legítimo e histórico reclamo del pueblo de Venezuela sobre el Territorio Esequibo, su Mar Territorial, su Zona Económica Exclusiva y su Plataforma Continental, reafirmando la integridad territorial de la República, de acuerdo con las reglas establecidas en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Así mismo y con presciencia del resultado de la reclamación legítima sobre el Territorio Esequibo, se desarrollará una firme política de defensa de la plena soberanía sobre las áreas marinas y submarinas correspondientes a la proyección de la actual fachada Atlántica del territorio, garantizando no solo el control de los recursos, sino el acceso soberano a las aguas internacionales del Océano Atlántico.




XIII. ACUERDOS EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PUEBLOS INDÍGENAS


86. La descentralización será asumida como el mecanismo idóneo para transferir competencias del gobierno central hacia estados y municipios, solucionar la raíz de los problemas y acercar a los ciudadanos al ejercicio del gobierno en sus localidades.
87. Se ejecutará una política de transferencia gradual de competencias, recursos financieros, tecnológicos y humanos del poder central a los estados y municipios. En caso de existir competencias concurrentes entre el gobierno nacional y los gobiernos estadales y/o locales, se respetarán e impulsarán con preferencia las atribuidas en el ordenamiento jurídico vigente a las entidades federales y locales.
88. Para lograr la descentralización política, administrativa y fiscal, se llevarán adelante las transformaciones institucionales necesarias a fin de mejorar y dotar de autonomía financiera a los estados de la federación, fortalecer el municipio como la unidad política primaria del Estado, y se establecerán instancias de representación parroquial.
89. Se devolverá, de manera gradual, la competencia de la administración de los puertos nacionales a las gobernaciones. Los estados y municipios tendrán la potestad de organizar sus municipios y parroquias, así como su división político territorial.
90. Se cumplirá con el proceso de demarcación nacional del hábitat y tierras indígenas, de conformidad con lo previsto en las leyes que rigen la materia, a fin de garantizar los espacios necesarios para el desarrollo de los pueblos indígenas en cuanto a sus actividades económicas, sociales y culturales, y la protección de la biodiversidad.
91. Se atenderá la grave situación que sufren los pueblos indígenas en materia de salud y alimentación, y se protegerá su acervo cultural, usos y costumbres y la transmisión de sus conocimientos y formas de vida a las futuras generaciones, mediante el fortalecimiento de la educación intercultural y la educación propia.




XIV. ACUERDOS EN POLÍTICA AMBIENTAL


92. La recuperación social, económica y política de nuestro país será consustancial con la sostenibilidad ambiental, enfatizando los principios de responsabilidad ambiental y protección de los derechos humanos ambientales, la Agenda ONU 2030, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París 2015 para el Cambio Climático.
93. Se promoverá la construcción de una nueva institucionalidad ambiental autónoma y de alto nivel para que el Estado venezolano cumpla con sus funciones primordiales de respeto, protección y adopción de todas las medidas apropiadas para lograr la plena efectividad de los derechos humanos ambientales. Se enfatizarán las acciones dirigidas a promover un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, garantizar agua potable y saneamiento, así como la protección contra los efectos negativos del cambio climático, especialmente entre los grupos vulnerables.
94. Se hará cumplir la derogación del Decreto del Arco Minero del Orinoco y se atenderá a las personas afectadas por la contaminación por mercurio, la malaria y otras enfermedades derivadas de la degradación ambiental.
95. Se fortalecerá la educación ambiental para que la ciudadanía tenga las capacidades
para actuar como corresponsable de la gestión ambiental y la construcción del desarrollo sostenible.




XV. ACUERDOS EN MATERIA DE JUSTICIA


96. Se recuperará el Estado de Derecho impulsando las reformas e inversiones prioritarias para la reestructuración y adecuación del sistema judicial, conforme con la Constitución. Se implementarán las medidas necesarias para alcanzar un número de jueces por habitante cónsono con los estándares internacionales y un proceso estricto de selección y capacitación de los funcionarios del sistema judicial. Se harán cumplir los contratos válidamente suscritos.
97. Se reinstitucionalizará el gobierno y la administración del sistema de justicia, profesionalizando la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
98. Se fortalecerá la Defensa Pública como mecanismo de acceso efectivo a la justicia de las personas con escasos recursos.
99. Se introducirán elementos de justicia transicional o un sistema de justicia en la transición, orientado a rescatar la dignidad humana, la justicia, la protección y reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo las medidas para establecer la verdad y promover la reconciliación nacional, de acuerdo con lo dispuesto en los estándares de derechos humanos.
100. Se realizarán los trámites necesarios para lograr la reinserción plena de Venezuela en los sistemas de protección internacional de los derechos humanos, y se implementará un plan nacional de protección de los derechos humanos. 101. El Estado venezolano cumplirá con su deber de favorecer y proteger las inversiones nacionales e internacionales.




XVI. ACUERDOS EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN


102. Se promoverá un modelo de comunicación que garantice plenamente el derecho a la libertad de expresión y fomente una democracia participativa y plural, diversa e incluyente, que se guíe por los mandatos de la Constitución y por los estándares internacionales de libertad de expresión, de prensa, de información y acceso a la información pública.
103. Se definirá una política para diseñar un ordenamiento jurídico que garantice la administración democrática y transparente del espectro radioeléctrico para la adjudicación de concesiones por razones de interés público y no con fines políticos, se restablezcan los derechos de los emisores privados y se garantice la independencia y criterios técnicos en los procesos de licitación para el otorgamiento de concesiones a medios privados y comunitarios. 104. Se estructurará un sistema de medios de servicio público con autonomía, credibilidad y respeto a los derechos informativos de las audiencias garantizando pluralidad y diversidad. 105. Se redefinirán las funciones de Conatel como órgano regulador de las telecomunicaciones eliminando su función de control y censura de contenidos, restituyendo su carácter autónomo e independiente, para que asuma el ordenamiento de las comunicaciones radioeléctricas y electrónicas con criterios de inclusión, neutralidad, pluralidad y diversidad. 106. Se armonizará la gobernanza de internet para democratizar su acceso y uso en todos los ámbitos de la sociedad, garantizar la neutralidad de la red, la libertad de contenidos sin censura, el respeto a la privacidad y la seguridad digital. El bloqueo de sitios y páginas por razones políticas será abolido. Se promoverá una reforma a fondo de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.




PRÓXIMOS PASOS


i. Continuar la consulta con los distintos sectores de la sociedad venezolana para construir en conjunto las soluciones a los problemas, con la finalidad de incorporar nuevos acuerdos y ampliar el Plan País.
ii. Traducir los acuerdos presentados en una agenda legislativa que permita que estas iniciativas comiencen a plasmarse en un conjunto de leyes.
iii. Desarrollar planes operativos para cada una de las areas aquí mencionadas y adaptar las propuestas a la realidad de cada una de las regiones del país.
iv. Fortalecer el proceso de difusión y debate sobre el Plan País tanto dentro como fuera de la República, para que cada venezolano se sume activamente al proyecto de reconstrucción nacional.





  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube